La deconstrucción institucional de pesos y contrapesos sigue arrasando sin piedad a toda la sociedad mexicana, con un creciente número de víctimas, y un horizonte de incertidumbre, temor y angustia existencial. La “deforma judicial”, la eliminación de facto del amparo, el terrorismo fiscal y hasta la reciente represión del disenso ciudadano, tienen un denominador común: la ausencia de un marco de derechos de propiedad individual bien definidos. México parece estar destinado a transitar hacia un auténtico “estado de chueco” donde sólo la palabra del rey es la ley. El creciente (¿galopante?) autoritarismo en el primer año de Sheinbaum, o séptimo año del obradorato, ha minado la confianza en el régimen de inversión, así como las condiciones de mayor productividad que permitan avanzar en el progreso humano. En las palabras de Macario Schettino, “es absurdo, en este contexto, esperar que crezca la inversión que el país tanto necesita, y que el actual gobierno” presume con sus dotes de posverdad. Y así lo revelan los “otros datos” duros de la realidad: 0% de crecimiento en este año, la construcción en picada, la inversión fija en plena recesión y, para colmo, el banco central “autónomo” jugando con ingeniería social de mandatos duales, sacrificando el combate a la inflación (el impuesto más injusto, que le pega al que menos tiene) en aras de bajar tasas de interés. El ingreso per cápita es ahora menor al del 2018 -aun cuando el promedio de este indicador es de apenas 0. 5% en los últimos 40 años. Se confirma así que, en nivel de vida, vamos de mal en peor. El reporte Mexico Country Outlook del Baker Institute en Houston anticipa un panorama desolador para el año entrante, que de ninguna forma justifica estar “feliz, feliz, feliz” en materia económica. Persistirá el crecimiento cero; escasa nueva inversión; aumento de la deuda pública; finanzas públicas en riesgo por los compromisos financieros con las pensiones, clientelas políticas y elefantes blancos como Dos Bocas o el AIFA. Y, el factor más preocupante: “lack of improvements in security and rule of law.” Acemoglu y Robinson, los Premios Nobel de economía el año pasado, han tratado de demostrar que, en el fondo, diferencias en la riqueza de las naciones se deben al marco institucional, lo que incluye un marco de derechos de propiedad bien definidos. Los países con instituciones “extractivas” generan un menor nivel de progreso material que aquellos con instituciones “inclusivas.” El fondo de la fragilidad institucional en nuestro país no es producto de factores coyunturales, sino estructurales. Se deriva de la ausencia de derechos de propiedad en el capítulo económico de la Constitución, la cual otorga una serie de poderes ilimitados al gobierno para hacer y deshacer a modo -en nombre del pueblo bueno y sabio, de la soberanía nacional o de la ocurrencia del día. Desde hace 25 años, Isaac Katz ha insistido en forma clara y contundente sobre la imperiosa necesidad de definir los derechos de propiedad individuales en forma eficiente y en todas sus dimensiones: uso, posesión y transferencia. Y, por supuesto, que estos derechos se puedan garantizar por instancias judiciales independientes e imparciales. Su gran trabajo La Constitución y el desarrollo económico de México (1999) es lectura obligada para entender el trasfondo de la captura del poder judicial y la nueva ley de amparo, dado que, como el mismo Katz advierte en otro texto reciente, “deja indefensos a los agentes en contra de actos de gobierno que violentan sus derechos individuales.” El caso actual más relevante, ya clásico, es el miserable decreto expropiatorio de Sansores en Campeche, que le brinda un cheque en blanco a la flamante gobernadora y su séquito de jaguares políticos para expropiar, arrebatar, hacer y deshacer lo que sea, a quien sea y en cualquier momento, sin ningún derecho de defensa personal ante caprichos, arbitrariedades y el abuso faccioso de facultades. En esa jungla jurídica, sálvense quien pueda. El deterioro del orden jurídico del país (y la consecuente fragilidad de los derechos de propiedad), no es un reclamo meramente anecdótico, aunque la evidencia anecdótica sobra. Varios reportes mundiales confirman la grave situación que padece la sociedad mexicana en la materia. El Economic Freedom of the World Report 2025 ubica a México en la posición 70 dentro de un universo de 165 países estudiados. En las áreas de comercio exterior o moneda estable, salimos con calificaciones respetables, digamos, 8 en una escala de 10. Pero en el rubro de “sistema legal y derechos de propiedad,” registramos una calificación de 4. 6, con una posición de 104 en el mismo universo de 165 países -equiparable a países “de cuarta” y lo que le sigue. Así tenía que ser en la 4T. El International Index of Property Rights 2025 confirma una métrica parecida: lugar 81 de 129 en estabilidad jurídica y derechos de propiedad. Y el Rule of Law Index 2025, lugar 121 de 143 países. Los sicofantes del régimen dirán que todos estos índices son parte de una conspiración neoliberal, los golpistas de la maldita ultraderecha, financiados por la DEA o la CIA, parte de una armada de bots, bla, bla bla. Habrá que sumar el coro de voces, desde Jamie Diamond de JP Morgan, hasta Hollywood y empresas como Samsung, a esta lista de infieles, aun cuando expresan una legítima máxima inquietud sobre el riesgo de proyectos de inversión cuyo destino está supeditado a criterios jurídicos normados por incompetencia y resentimiento, aplicando leyes a modo en forma retroactiva. El daño del Plan C, del segundo piso y del actual “estado de chueco” va más allá de la coyuntura, o de la incidencia en el próximo dato económico trimestral. Es un daño generacional. En las palabras de Joel Mokyr, uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025, “una sociedad que ha dejado de preocuparse con el progreso alcanzado en el pasado, dejará de creer en su capacidad para lograr el progreso en el futuro.” Un clima de confianza en el régimen de inversión requiere, pues, confianza. En el fondo, no se podía esperar menos. Estas son consecuencias de serias anomalías institucionales que existen en el capítulo económico del marco constitucional (artículos 25 a 28). El texto constitucional “prohíbe” la existencia de los monopolios, pero toda iniciativa o empresa considerada “estratégica” (¿qué determina ello?) deberá ser operada en forma exclusiva por el Estado. Sin embargo, por fiat jurídico, ¡ello no califica como monopolio! Isaac Katz, Arturo Damm y otros han subrayado las evidentes paradojas, varias de ellas surrealistas, del marco institucional económico, sobre todo la arrogancia de “planear” la actividad económica con base en el “interés público.” El propio artículo 25 constitucional señala que “el Estado tiene la responsabilidad de “planear, conducir, coordinar y orientar” toda la actividad económica nacional. Es un mandato cuasi-divino, de absoluta vanidad. Pero alguien, en algún momento, se tenía que creer semejante “responsabilidad”, la cual, en la práctica, requiere una violación sistemática de los derechos de propiedad, de la premisa de que “lo mío es mío.” Hoy, lo mío no es mío. Ni en Campeche, ni en las urbanidades más desarrolladas, ni en los suelos y sub-subsuelos, y menos ahora con cortes judiciales a modo. Emilio Rabasa, en los años treinta, advirtió sobre los riesgos de confiscación de propiedad que encarnaba el artículo 27 constitucional, sobre todo en materia de la interpretación de “interés público” que se use para fines de expropiación. Esta disposición constitucional, según el reclamo de Rabasa, “destruye” la base de la propiedad, que es “la confianza.” La deconstrucción institucional que vive el país es la antítesis del respeto al derecho ajeno. Veremos qué resultados arroja la realidad que sigue. Roberto Salinas León. (Ph. D. en Filosofía y Teoría Política, Universidad de Purdue) es director de asuntos internacionales de la Universidad de la Libertad. Es presidente de Alamos Alliance, uno de los coloquios económicos más importantes en América Latina. Ha publicado en diversos medios como El Economista, Forbes, Nexos, The Wall Street Journal, Investor’s Business Daily, y varios otros. X: @rsalinasleon ©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor. Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
https://literalmagazine.com/deconstruccion/
Deconstrucción
